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Encuentro de Mujeres de Redes Regionales de América Latina y el Caribe en el Proceso de CAIRO + 15
Panamá - 3 al 5 de agosto de 2009
DECLARACIÓN DE PANAMÁ
Las organizaciones y redes de América Latina y El Caribe presentes en el “Encuentro de Mujeres de Redes Regionales de ALC sobre Cairo + 15” manifestamos nuestra profunda preocupación porque a 15 años del Consenso de El Cairo, América Latina y El Caribe sigue siendo la región con mayor desigualdad socioeconómica del planeta.
En un contexto marcado por la búsqueda de cambios estructurales en algunos de nuestros países, y por las implicaciones regionales de la crisis mundial, no advertimos una voluntad política común por parte de todos los Estados y gobiernos para aplicar los consensos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD). Como región estamos aún lejos de cumplir las grandes metas planteadas para el año 2015, y vemos que este panorama se agrava cuando se prioriza la inversión de recursos públicos para salvar al sistema financiero, a costa de reducir los recursos para superar las profundas desigualdades que en el mundo ha generado el modelo ahora en crisis.
Los contenidos del Programa de Acción de la CIPD no pueden ser abandonados pues su no cumplimiento se traduce en el sufrimiento y la violación de los derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida libre de violencia y al desarrollo de millones de mujeres, de todas las edades e identidades, en el mundo; costos que las condicionan a situaciones de exclusión, violencia y discriminación.
La evaluación de lo realizado en estos 15 años indica que frente a estos acuerdos, los Estados han tenido diversas respuestas, traducidas en políticas y servicios pero que, en muchos casos, no satisfacen o garantizan a todas las personas las condiciones para ejercer sus derechos civiles, económicos, sociales, políticos, culturales, sexuales y reproductivos. Los avances han sido desiguales e insuficientes; en algunos casos incluso han ocurrido marcados retrocesos y en la actualidad hay grandes amenazas, lo que impone la necesidad de fortalecer los Estados laicos y democráticos.
También resulta relevante la contribución y la incidencia de las redes y las organizaciones de mujeres y de feministas, como actoras para fortalecer y acompañar el proceso en el cumplimiento de los acuerdos. La emergencia de nuevos grupos y organizaciones ha enriquecido la agenda y redimensiona los desafíos de El Cairo.
En este contexto exhortamos a los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a:
Reconocer, implementar y reforzar los compromisos adquiridos en 1994 y 1999, reafirmados en 2004 y 2009, especialmente, los de eliminar la pobreza, disminuir las desigualdades y mejorar la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población, como requisitos indispensables para el desarrollo sustentable.
Asumir la responsabilidad de sostener y profundizar la calidad del sistema democrático y destinar todos los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios para disminuir las brechas persistentes e incluso ampliadas en estos años, para cumplir con lo acordado de forma sostenible, en las fechas previstas y posteriores a ellas.
Potenciar y fortalecer el trabajo articulado entre gobiernos, agencias y organismos internacionales de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en organizaciones de mujeres y de feministas, de manera que se garanticen y optimicen los esfuerzos en el logro de las propuestas consensuadas en materia de población, bienestar humano y desarrollo sustentable, en el marco del pleno reconocimiento y respeto de los derechos humanos.
Desde las mujeres organizadas en diversas redes y espacios colectivos de América Latina y el Caribe exigimos lo siguiente:
I. En relación con las políticas de población, particularmente las referentes a la reducción de la pobreza, las dinámicas demográficas y el desarrollo sustentable:
Mejorar y garantizar el acceso y el derecho a vivienda, trabajo, educación, comunicación, salud, seguridad ciudadana, agua, saneamiento, alimentación, aire limpio y sistemas públicos integrales de seguridad social con accesibilidad y cobertura universales, para asegurar condiciones de vida digna, especialmente para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad –por razones de edad, raza y etnia, alteraciones de la salud, condiciones de vida y de trabajo, orientación sexual, migración, desplazamiento y refugio, capacidades diferentes, uso de drogas, encierro y víctimas de trata, o por cualquier otra razón–.
Atender al proceso de envejecimiento de la población, en particular a la feminización del envejecimiento y a su impacto actual y futuro sobre la salud, la economía y el desarrollo, adoptando medidas legales y programas de gobierno tendientes a disminuir efectos negativos de los cambios demográficos, procurando asegurar todas las condiciones que permitan una vida digna e integrada a la sociedad de mujeres de todas las edades y condiciones.
Promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres, en las tareas de cuidado de las personas a través de un sistema integral de protección y bienestar social, con base en la paridad real, reconociendo el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. (Cfr. Quito, 2007).
Rechazar toda forma de desplazamiento forzado de las personas y garantizarles, sin ningún tipo de discriminación por motivos de actividad laboral, edad, por condición etnocultural y racial, condición de VIHSIDA u otra, el desplazamiento entre países. Atender a las condiciones de vida de las personas migrantes y refugiadas y garantizar sus derechos, particularmente el acceso a la atención de sus necesidades básicas y los apoyos que requieren.
Respetar el derecho ciudadano a la libertad de movimiento y de asociación de las personas, sin discriminaciones, reformulando todas las políticas de migración que obstaculizan este derecho.
Respetar los derechos de los pueblos, en especial de las mujeres indígenas y afro descendientes, en lo que se refiere al derecho a la tierra, al territorio y a la soberanía alimentaria, respetando el derecho al consentimiento previo libre e informado en todo orden que involucre sus vidas.
Establecer mecanismos de incorporación y reconocimiento de la población juvenil como productiva y sujeta de derechos económicos, reconociendo y ejecutando políticas públicas que den respuesta a sus necesidades y demandas específicas, involucrándola como actora política en el diseño, implementación y evaluación de estas.
II. En relación con los derechos sexuales y derechos reproductivos, con particular énfasis en aborto y VIH/SIDA.
Fortalecer la vigencia y respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo.
Asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva integral, así como a la más amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluido el acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento para el VIH/SIDA.
Promover políticas integrales no asistencialistas para reducir la mortalidad y morbilidad maternas, en un marco de derechos humanos.
Reconocer a adolescentes y jóvenes como sujetas/os de derechos y brindarles las oportunidades que les permitan tomar decisiones libres, responsables e informadas en todos los ámbitos que afectan la calidad y trayectorias de sus vidas, especialmente las relacionadas con el ejercicio de su sexualidad, garantizándoles el acceso a la educación en sexualidad, a información sobre todos los métodos anticonceptivos y el acceso a los de su elección.
Promover el acceso universal a una educación de calidad que incluya educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos dentro del marco ético de los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad cultural. Implementar en su totalidad los compromisos asumidos en la Declaración Ministerial de la Ciudad de México suscrita en agosto de 2008, “Prevenir con Educación”.
Garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad y al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna para cumplir las metas de los ODM y de la CIPD.
Implementar medidas eficaces e integrales para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, incluyendo las interfases con VIH/SIDA y, particularmente, la violencia sexual, posibilitando el acceso a la atención integral, incluida el acceso prioritario, eficaz y pertinente a la justicia para las que viven en situación de violencia.
Garantizar el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo a las personas que viven con VIH/SIDA, especialmente a las mujeres de todas las edades y condiciones, incluyendo la garantía y vigencia plena de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, así como a vivir sin ningún tipo de discriminación.
III. En relación con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres i, con particular énfasis en la erradicación de toda forma de violencia
Garantizar en legislaciones, políticas y normativas, el respeto y reconocimiento de las mujeres de todas las edades y condiciones, como sujetas de derechos y con capacidad de tomar decisiones libres.
Erradicar toda expresión y forma de violencia y discriminación hacia las mujeres de todas las edades y condiciones.
Abordar los impactos diferenciados sobre hombres y mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad, dando prioridad política y presupuestaria a mujeres en general, y profundizando en las necesidades de poblaciones indígenas y afrodescendientes, de migrantes, personas que viven con VIH/SIDA, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con capacidades diferenciadas, trabajadoras sexuales, lesbianas, transexuales, transgénero y víctimas de trata.
Promover la plena participación de las mujeres, en condiciones de paridad, en todos los ámbitos de la vida política, económica, académica, social, cultural y comunitaria.
IV. En relación con la participación de la ciudadanía organizada, y en particular de las organizaciones de mujeres, en la definición, evaluación y contenidos de las políticas de población y desarrollo.
Crear, fortalecer y garantizar espacios permanentes de diálogo y toma de decisiones conjuntas entre gobierno y sociedad civil, para el monitoreo de la implementación de la CIPD y sus ratificaciones en el año 1999 y 2004 y 2009.
Mejorar los sistemas de información y garantizar el acceso a las organizaciones de la sociedad civil para facilitar el monitoreo; así como dar transparencia a la asignación de recursos y a la ejecución de los presupuestos públicos, para la implementación de la CIPD.
Garantizar y facilitar la tarea de monitoreo y seguimiento de las políticas públicas por parte de la sociedad civil organizada, especialmente por parte de las organizaciones de mujeres y de feministas, en cumplimiento de lo establecido en el capitulo XV de la CIPD.
V. En relación con la sustentabilidad de esta Agenda
Garantizar recursos suficientes, para América Latina y El Caribe, destinados a las políticas de población y desarrollo, poniendo particular énfasis en los derechos de las mujeres de todas las edades y condiciones.
Cumplir con la asignación de los recursos económicos, desde los países desarrollados hacia aquellos en vías de desarrollo, tal como lo determina el programa de acción de la CIPD.
Asignar montos suficientes de los presupuestos nacionales, claramente identificados, para la implementación de las políticas de bienestar social de todas las personas y en particular de las mujeres de todas las edades y condiciones.
Garantizar la adecuada utilización de dichos recursos, con el control sobre los resultados de las políticas implementadas, generando los mecanismos para que la sociedad civil los monitoree, erradicando toda posibilidad de uso fraudulento de los mismos.
Garantizar o crear mecanismos participativos de auditoria y control social de los presupuestos públicos.
Apoyar, de todas las formas posibles, las iniciativas generadas desde las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para contribuir, a pesar de las dificultades señaladas, al efectivo y eficiente cumplimiento de la Plataforma de Acción de la CIPD.
A 15 de años de la CIPD, el exhorto de las redes de mujeres y espacios colectivos de América Latina y el Caribe no difiere de lo que los gobiernos han suscrito en 1994, ni durante las sesiones de revisión de Cairo + 5 en 1999, y Cairo +10 en 2004. Sin el cumplimiento de la Plataforma de Acción de El Cairo, no solo no se alcanzarán los propósitos planteados para el año 2015, sino que no habrá manera de cumplir con las metas de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
A cinco años de la fecha límite acordada, está en manos de los Estados redoblar los esfuerzos, teniendo muy presente la responsabilidad directa de los gobernantes en la creación de condiciones y garantías para la salud y la vida de la población en general, y de las mujeres de todas las edades y condiciones, en particular.
Como mujeres organizadas en diversidad de redes y espacios colectivos de América Latina y El Caribe, exigimos todas las garantías democráticas, sustentadas en la laicidad y soberanía de los Estados, y los compromisos políticos y económicos que se requieren para hacer de nuestra región un espacio libre de toda forma de discriminación y violencia y para el ejercicio pleno de todos los derechos humanos.
Organizaciones firmantes:
- Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC
- Enlace Sur de Mujeres Indígenas
- Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México
- Red de Jóvenes de Latinoamérica y el Caribe por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, REDLAC
- Red Mujer y Hábitat
- Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, CD
- Red de Trabajadoras Sexuales, REDTRASEX
- Red de Mujeres Transformando la Economía, REMTE – Ecuador
- Red Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
- Red Internacional de Género y Comercio
- Movimiento Latinoamericano y del Caribe Mujeres Positivas
- Jóvenes Latinoamerican@s Unid@s en respuesta al VIH/SIDA (JLU)
- Foro Internacional de Mujeres Indígenas
- Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA
- Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI
- Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en ALC
- Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe
- Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No Gubernamentales con Servicio en VIH y SIDA, LACCASO
- Caribbean Association for Feminist Research and Action, CAFRA
- Programa Regional Feminista La Corriente
- Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres, Guatemala
- Iniciativa Centroamericana de Seguimiento a El Cairo y Beijing
- Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF
- Foro de Mujeres y Política de Población, México
- Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Región Sudamérica
- Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud
- Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Brasil
- Asociación de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales de América Latina y El Caribe, ILGALAC
- Grupo Internacional de Mujeres y Sida, IAWC
fonte: Boletina Mujer Salud-Hable (RSMLAC) / Año VIII, Nº 13, agosto 2009.
recebido de Telia Negrão - Secretária Executiva - Rede Feminista de Saúde
Para mais:
- Dez anos do CAIRO - Tendências da fecundidade e direitos reprodutivos no Brasil
- A Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento e o Paradigma de Huntington - J.A. Lindgren Alves
- O Cairo, um olhar das ONGs - em 30/11/1994
- Um olhar feminista sobre o Cairo+10, de Fátima Oliveira
- Prevenção da mortalidade materna - compromisso político e ético de governos e da sociedade. Cairo +10. Nenhum Passo Atrás - 28 de maio de 2004
- Programas populacionais: $64,7 bilhões necessários para reduzir pobreza
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Encuentro de Mujeres de Redes Regionales de América Latina y el Caribe en el Proceso de CAIRO + 15
Panamá - 3 al 5 de agosto de 2009
DECLARACIÓN DE PANAMÁ
Las organizaciones y redes de América Latina y El Caribe presentes en el “Encuentro de Mujeres de Redes Regionales de ALC sobre Cairo + 15” manifestamos nuestra profunda preocupación porque a 15 años del Consenso de El Cairo, América Latina y El Caribe sigue siendo la región con mayor desigualdad socioeconómica del planeta.
En un contexto marcado por la búsqueda de cambios estructurales en algunos de nuestros países, y por las implicaciones regionales de la crisis mundial, no advertimos una voluntad política común por parte de todos los Estados y gobiernos para aplicar los consensos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD). Como región estamos aún lejos de cumplir las grandes metas planteadas para el año 2015, y vemos que este panorama se agrava cuando se prioriza la inversión de recursos públicos para salvar al sistema financiero, a costa de reducir los recursos para superar las profundas desigualdades que en el mundo ha generado el modelo ahora en crisis.
Los contenidos del Programa de Acción de la CIPD no pueden ser abandonados pues su no cumplimiento se traduce en el sufrimiento y la violación de los derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida libre de violencia y al desarrollo de millones de mujeres, de todas las edades e identidades, en el mundo; costos que las condicionan a situaciones de exclusión, violencia y discriminación.
La evaluación de lo realizado en estos 15 años indica que frente a estos acuerdos, los Estados han tenido diversas respuestas, traducidas en políticas y servicios pero que, en muchos casos, no satisfacen o garantizan a todas las personas las condiciones para ejercer sus derechos civiles, económicos, sociales, políticos, culturales, sexuales y reproductivos. Los avances han sido desiguales e insuficientes; en algunos casos incluso han ocurrido marcados retrocesos y en la actualidad hay grandes amenazas, lo que impone la necesidad de fortalecer los Estados laicos y democráticos.
También resulta relevante la contribución y la incidencia de las redes y las organizaciones de mujeres y de feministas, como actoras para fortalecer y acompañar el proceso en el cumplimiento de los acuerdos. La emergencia de nuevos grupos y organizaciones ha enriquecido la agenda y redimensiona los desafíos de El Cairo.
En este contexto exhortamos a los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a:
Reconocer, implementar y reforzar los compromisos adquiridos en 1994 y 1999, reafirmados en 2004 y 2009, especialmente, los de eliminar la pobreza, disminuir las desigualdades y mejorar la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población, como requisitos indispensables para el desarrollo sustentable.
Asumir la responsabilidad de sostener y profundizar la calidad del sistema democrático y destinar todos los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios para disminuir las brechas persistentes e incluso ampliadas en estos años, para cumplir con lo acordado de forma sostenible, en las fechas previstas y posteriores a ellas.
Potenciar y fortalecer el trabajo articulado entre gobiernos, agencias y organismos internacionales de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en organizaciones de mujeres y de feministas, de manera que se garanticen y optimicen los esfuerzos en el logro de las propuestas consensuadas en materia de población, bienestar humano y desarrollo sustentable, en el marco del pleno reconocimiento y respeto de los derechos humanos.
Desde las mujeres organizadas en diversas redes y espacios colectivos de América Latina y el Caribe exigimos lo siguiente:
I. En relación con las políticas de población, particularmente las referentes a la reducción de la pobreza, las dinámicas demográficas y el desarrollo sustentable:
Mejorar y garantizar el acceso y el derecho a vivienda, trabajo, educación, comunicación, salud, seguridad ciudadana, agua, saneamiento, alimentación, aire limpio y sistemas públicos integrales de seguridad social con accesibilidad y cobertura universales, para asegurar condiciones de vida digna, especialmente para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad –por razones de edad, raza y etnia, alteraciones de la salud, condiciones de vida y de trabajo, orientación sexual, migración, desplazamiento y refugio, capacidades diferentes, uso de drogas, encierro y víctimas de trata, o por cualquier otra razón–.
Atender al proceso de envejecimiento de la población, en particular a la feminización del envejecimiento y a su impacto actual y futuro sobre la salud, la economía y el desarrollo, adoptando medidas legales y programas de gobierno tendientes a disminuir efectos negativos de los cambios demográficos, procurando asegurar todas las condiciones que permitan una vida digna e integrada a la sociedad de mujeres de todas las edades y condiciones.
Promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres, en las tareas de cuidado de las personas a través de un sistema integral de protección y bienestar social, con base en la paridad real, reconociendo el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. (Cfr. Quito, 2007).
Rechazar toda forma de desplazamiento forzado de las personas y garantizarles, sin ningún tipo de discriminación por motivos de actividad laboral, edad, por condición etnocultural y racial, condición de VIHSIDA u otra, el desplazamiento entre países. Atender a las condiciones de vida de las personas migrantes y refugiadas y garantizar sus derechos, particularmente el acceso a la atención de sus necesidades básicas y los apoyos que requieren.
Respetar el derecho ciudadano a la libertad de movimiento y de asociación de las personas, sin discriminaciones, reformulando todas las políticas de migración que obstaculizan este derecho.
Respetar los derechos de los pueblos, en especial de las mujeres indígenas y afro descendientes, en lo que se refiere al derecho a la tierra, al territorio y a la soberanía alimentaria, respetando el derecho al consentimiento previo libre e informado en todo orden que involucre sus vidas.
Establecer mecanismos de incorporación y reconocimiento de la población juvenil como productiva y sujeta de derechos económicos, reconociendo y ejecutando políticas públicas que den respuesta a sus necesidades y demandas específicas, involucrándola como actora política en el diseño, implementación y evaluación de estas.
II. En relación con los derechos sexuales y derechos reproductivos, con particular énfasis en aborto y VIH/SIDA.
Fortalecer la vigencia y respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo.
Asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva integral, así como a la más amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluido el acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento para el VIH/SIDA.
Promover políticas integrales no asistencialistas para reducir la mortalidad y morbilidad maternas, en un marco de derechos humanos.
Reconocer a adolescentes y jóvenes como sujetas/os de derechos y brindarles las oportunidades que les permitan tomar decisiones libres, responsables e informadas en todos los ámbitos que afectan la calidad y trayectorias de sus vidas, especialmente las relacionadas con el ejercicio de su sexualidad, garantizándoles el acceso a la educación en sexualidad, a información sobre todos los métodos anticonceptivos y el acceso a los de su elección.
Promover el acceso universal a una educación de calidad que incluya educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos dentro del marco ético de los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad cultural. Implementar en su totalidad los compromisos asumidos en la Declaración Ministerial de la Ciudad de México suscrita en agosto de 2008, “Prevenir con Educación”.
Garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad y al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna para cumplir las metas de los ODM y de la CIPD.
Implementar medidas eficaces e integrales para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, incluyendo las interfases con VIH/SIDA y, particularmente, la violencia sexual, posibilitando el acceso a la atención integral, incluida el acceso prioritario, eficaz y pertinente a la justicia para las que viven en situación de violencia.
Garantizar el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo a las personas que viven con VIH/SIDA, especialmente a las mujeres de todas las edades y condiciones, incluyendo la garantía y vigencia plena de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, así como a vivir sin ningún tipo de discriminación.
III. En relación con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres i, con particular énfasis en la erradicación de toda forma de violencia
Garantizar en legislaciones, políticas y normativas, el respeto y reconocimiento de las mujeres de todas las edades y condiciones, como sujetas de derechos y con capacidad de tomar decisiones libres.
Erradicar toda expresión y forma de violencia y discriminación hacia las mujeres de todas las edades y condiciones.
Abordar los impactos diferenciados sobre hombres y mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad, dando prioridad política y presupuestaria a mujeres en general, y profundizando en las necesidades de poblaciones indígenas y afrodescendientes, de migrantes, personas que viven con VIH/SIDA, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con capacidades diferenciadas, trabajadoras sexuales, lesbianas, transexuales, transgénero y víctimas de trata.
Promover la plena participación de las mujeres, en condiciones de paridad, en todos los ámbitos de la vida política, económica, académica, social, cultural y comunitaria.
IV. En relación con la participación de la ciudadanía organizada, y en particular de las organizaciones de mujeres, en la definición, evaluación y contenidos de las políticas de población y desarrollo.
Crear, fortalecer y garantizar espacios permanentes de diálogo y toma de decisiones conjuntas entre gobierno y sociedad civil, para el monitoreo de la implementación de la CIPD y sus ratificaciones en el año 1999 y 2004 y 2009.
Mejorar los sistemas de información y garantizar el acceso a las organizaciones de la sociedad civil para facilitar el monitoreo; así como dar transparencia a la asignación de recursos y a la ejecución de los presupuestos públicos, para la implementación de la CIPD.
Garantizar y facilitar la tarea de monitoreo y seguimiento de las políticas públicas por parte de la sociedad civil organizada, especialmente por parte de las organizaciones de mujeres y de feministas, en cumplimiento de lo establecido en el capitulo XV de la CIPD.
V. En relación con la sustentabilidad de esta Agenda
Garantizar recursos suficientes, para América Latina y El Caribe, destinados a las políticas de población y desarrollo, poniendo particular énfasis en los derechos de las mujeres de todas las edades y condiciones.
Cumplir con la asignación de los recursos económicos, desde los países desarrollados hacia aquellos en vías de desarrollo, tal como lo determina el programa de acción de la CIPD.
Asignar montos suficientes de los presupuestos nacionales, claramente identificados, para la implementación de las políticas de bienestar social de todas las personas y en particular de las mujeres de todas las edades y condiciones.
Garantizar la adecuada utilización de dichos recursos, con el control sobre los resultados de las políticas implementadas, generando los mecanismos para que la sociedad civil los monitoree, erradicando toda posibilidad de uso fraudulento de los mismos.
Garantizar o crear mecanismos participativos de auditoria y control social de los presupuestos públicos.
Apoyar, de todas las formas posibles, las iniciativas generadas desde las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para contribuir, a pesar de las dificultades señaladas, al efectivo y eficiente cumplimiento de la Plataforma de Acción de la CIPD.
A 15 de años de la CIPD, el exhorto de las redes de mujeres y espacios colectivos de América Latina y el Caribe no difiere de lo que los gobiernos han suscrito en 1994, ni durante las sesiones de revisión de Cairo + 5 en 1999, y Cairo +10 en 2004. Sin el cumplimiento de la Plataforma de Acción de El Cairo, no solo no se alcanzarán los propósitos planteados para el año 2015, sino que no habrá manera de cumplir con las metas de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
A cinco años de la fecha límite acordada, está en manos de los Estados redoblar los esfuerzos, teniendo muy presente la responsabilidad directa de los gobernantes en la creación de condiciones y garantías para la salud y la vida de la población en general, y de las mujeres de todas las edades y condiciones, en particular.
Como mujeres organizadas en diversidad de redes y espacios colectivos de América Latina y El Caribe, exigimos todas las garantías democráticas, sustentadas en la laicidad y soberanía de los Estados, y los compromisos políticos y económicos que se requieren para hacer de nuestra región un espacio libre de toda forma de discriminación y violencia y para el ejercicio pleno de todos los derechos humanos.
Organizaciones firmantes:
- Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC
- Enlace Sur de Mujeres Indígenas
- Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México
- Red de Jóvenes de Latinoamérica y el Caribe por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, REDLAC
- Red Mujer y Hábitat
- Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, CD
- Red de Trabajadoras Sexuales, REDTRASEX
- Red de Mujeres Transformando la Economía, REMTE – Ecuador
- Red Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
- Red Internacional de Género y Comercio
- Movimiento Latinoamericano y del Caribe Mujeres Positivas
- Jóvenes Latinoamerican@s Unid@s en respuesta al VIH/SIDA (JLU)
- Foro Internacional de Mujeres Indígenas
- Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA
- Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI
- Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en ALC
- Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe
- Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No Gubernamentales con Servicio en VIH y SIDA, LACCASO
- Caribbean Association for Feminist Research and Action, CAFRA
- Programa Regional Feminista La Corriente
- Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres, Guatemala
- Iniciativa Centroamericana de Seguimiento a El Cairo y Beijing
- Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF
- Foro de Mujeres y Política de Población, México
- Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Región Sudamérica
- Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud
- Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Brasil
- Asociación de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales de América Latina y El Caribe, ILGALAC
- Grupo Internacional de Mujeres y Sida, IAWC
fonte: Boletina Mujer Salud-Hable (RSMLAC) / Año VIII, Nº 13, agosto 2009.
recebido de Telia Negrão - Secretária Executiva - Rede Feminista de Saúde
Para mais:
- Dez anos do CAIRO - Tendências da fecundidade e direitos reprodutivos no Brasil
- A Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento e o Paradigma de Huntington - J.A. Lindgren Alves
- O Cairo, um olhar das ONGs - em 30/11/1994
- Um olhar feminista sobre o Cairo+10, de Fátima Oliveira
- Prevenção da mortalidade materna - compromisso político e ético de governos e da sociedade. Cairo +10. Nenhum Passo Atrás - 28 de maio de 2004
- Programas populacionais: $64,7 bilhões necessários para reduzir pobreza
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